Son las que no están ni en la planta baja ni en la primera, requisitos exigidos por el PGOU desde un año antes de su investidura como alcalde y que hasta ahora no ha examinado

El gobierno local de Sevilla, que preside el popular José Luis Sanz, ha presentado este lunes 1 de julio (2024) a la oposición un informe técnico-jurídico de la Gerencia de Urbanismo según el cual el Ayuntamiento no puede decretar una moratoria a las viviendas turísticas acogiéndose al decreto de febrero de la Junta de Andalucía. El informe, sin embargo, revela contradicciones en el equipo de gobierno, que por una parte sostiene que no ha podido hacer más frente a este fenómeno y, por otra, anuncia medidas basándose en un instrumento que llevaba un año vigente cuando el alcalde tomó posesión: una modificación específica del Plan General de Ordenación Urbana.

El gobierno local mantiene a través de la Gerencia de Urbanismo la tesis de que en materia de viviendas turísticas hay como dos vías paralelas que, aparentemente, nunca pueden encontrarse: la normativa de la Junta de Andalucía y la del propio Ayuntamiento.

El Registro de las viviendas turísticas o VUT es, según la Gerencia, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Ni el Ayuntamiento de Sevilla ni ningún otro tiene potestad de intervención en el mismo. Por tanto, según el informe técnico-jurídico elaborado por la Gerencia, los municipios no pueden suspender licencias ni inscripciones de VUT en el Registro de la Junta, ya que no las otorgan.

La tesis del informe es que ni una orden municipal, ni un acuerdo del Pleno, ni una modificación puntual del Plan General, ni tampoco un Plan Especial que se tramite, pueden impedir las inscripciones de VUT en el Registro Oficial de Turismo de la Junta de Andalucía.

La segunda reunión sobre las viviendas turísticas celebrada en el Ayuntamiento

Tampoco, según el informe técnico-jurídico, puede el Ayuntamiento de forma general prohibir las VUT (decretar una moratoria, tal como pide la oposición), ya que ello vulneraría la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La conclusión es que el artículo 2.2 del Decreto 31/2024, de 29 de enero, sólo habilita al Ayuntamiento a establecer un número máximo de VUT por razón imperiosa de interés general, pero no a una moratoria que tendría que plasmarse en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía.

El texto del artículo citado es el siguiente: «En particular, los Ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su aplicación«.

LA MODIFICACIÓN DEL PGOU

En el informe también se refleja que el 28 de abril de 2022 (mandato del socialista Antonio Muñoz), el Pleno del Ayuntamiento, con el fin de limitar la proliferación de usos turísticos en inmuebles residenciales, aprobó definitivamente la Modificación Puntual Nº 44 del Plan General.

Esa modificación entró en vigor el 7 de junio de 2022 (Boletín Oficial de la Provincia Número 129 del año 2022, página 25 y siguientes) y en virtud de la misma las viviendas turísticas debían considerarse un uso terciario y se limitaban a la planta baja y a la primera de los edificios.

El informe técnico-jurídico revela que entre el 7 de junio de 2022 (modificación del Plan General) y el 3 de junio de 2024 se han inscrito en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA) un total de 2.032 viviendas turísticas.

Primer dato a retener: en la mitad de ese tiempo gobernó el socialista Antonio Muñoz, y en la otra mitad, el popular José Luis Sanz.

Antonio Muñoz, en cuyo mandato como alcalde se modificó el Plan General

Y continúa la Gerencia de Urbanismo revelando que de las viviendas inscritas como turísticas en el RTA entre el 7 de junio de 2022 y el 20 de febrero de 2024, un total de 715 incumplían el requisito urbanístico de que estuvieran situada en la planta baja o en la primera, pero que esas inscripciones van directamente al Registro de la Junta de Andalucía «sin que el Ayuntamiento tenga conocimiento alguno».

¿Seguro?

Lo primero que hay que preguntarse es cómo es posible que la Consejería de Turismo haya inscrito en su Registro Oficial 715 viviendas ilegales por no haber verificado previamente que incumplían los requisitos de la modificación del Plan General, una modificación que supervisa la Administración autonómica, como es de rigor. La respuesta que probablemente dará la Junta es que esas inscripciones se realizan mediante declaraciones responsables de los propios interesados, con el fin de agilizar la burocracia.

Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía

En tal caso sería una demostración de que el 35% de las 2.032 viviendas inscritas de tal modo fueron irresponsables: nada menos que una de cada tres. ¿Y en dos años la Junta no ha tenido tiempo de hacer un chequeo aleatorio al menos para comprobar el grado de verosimilitud? No, lo hace junto con el Ayuntamiento cuando estalla la polémica con la oposición municipal tras el rechazo en el Pleno del 20 de junio a la propuesta de limitación planteada por el gobierno de Sanz.

Segundo dato a tener en cuenta: el chequeo sólo llega hasta las inscripciones realizadas a fecha 20 de febrero de 2024, es decir hasta un mes antes de la aprobación inicial de la propuesta en el Pleno del 21 de marzo, lo que denotaría que se ha hecho sobre la marcha, con el fin de llevar algo a la segunda reunión con la oposición sobre este asunto.

Y veamos qué dice el artículo 6.1.a) del famoso Decreto de la Junta del pasado enero que faculta a los ayuntamientos a limitar el número de viviendas turísticas:

1. Las viviendas de uso turístico deberán cumplir con los siguientes requisitos sustantivos y de habitabilidad:

a) Cumplir con la normativa de ordenación urbanística municipal. La inscripción de la vivienda en el Registro de Turismo de Andalucía será comunicada con carácter inmediato por la Administración turística a los correspondientes Ayuntamientos.

El decreto de la Junta entró en vigor el 5 de marzo de 2024, mismo mes en que se redactó el informe encargado por Emvisesa sobre las viviendas turísticas en Sevilla y mes también en el que el Pleno municipal aprobó inicialmente (21 de marzo) en base al mismo la propuesta de limitación conforme a la ratio del 10%.

Según ese informe había en marzo en Sevilla 8.778 viviendas turísticas. En el momento de redactar estas líneas, en el Registro de la Junta se reflejan 9.432, luego el Ayuntamiento ha debido conocer con carácter inmediato por la Consejería de Turismo al menos las últimas 654 viviendas inscritas, en virtud del Decreto 31/2024, de 29 de enero, pero sostiene que «no tiene conocimiento alguno».

A pesar de ese supuesto desconocimiento, en el informe técnico-jurídico de la Gerencia puede leerse lo siguiente: No obstante, el Ayuntamiento está valorando toda medida a establecer, entre las que destaca:

–Medidas de coordinación con la Junta de Andalucía: «Comunicación a la Consejería de Turismo de todas las VUT inscritas en el RTA que incumplen los requisitos de la Modificación Puntual 44 (del PGOU), al objeto de su descalificación mediante el procedimiento administrativo correspondiente, competencia de la Junta de Andalucía».

Pero, vamos a ver. ¿No decía en unos párrafos anteriores el informe técnico-jurídico que todas las inscripciones de viviendas turísticas van directamente al Registro de la Junta sin que el Ayuntamiento tenga conocimiento alguno? Entonces ¿cómo sin supuesto conocimiento alguno le va a comunicar el Consistorio a la Junta qué VUT incumplen la modificación del PGOU para que las descalifique? El mundo al revés.

La aseveración de que se lo va a comunicar es la demostración de que sí tiene conocimiento, en virtud del propio Decreto del Gobierno autónomo. El mero título del epígrafe, eso de ‘Medidas de coordinación con la Junta de Andalucía’ es el reconocimiento inconsciente de que no ha existido ninguna coordinación.

Cuadro de medidas que ahora está valorando el gobierno de Sanz

Y ahora resulta que el gobierno de Sanz saca pecho proclamando que va a ser el primer Ayuntamiento de Andalucía en pedir la descalificación de viviendas turísticas (esas 715 que incumplen el PGOU). ¡Pero si la lectura es la contraria! Sanz, que lleva años proclamando que en Sevilla no cabe una vivienda turística más, ha estado un año al frente del Ayuntamiento sin haberse preocupado de cuántas de esas 2.032 viviendas inscritas desde que se modificó el PGOU (un año antes de su investidura) cumplían la normativa.

José Luis Sanz, el día de su investidura como alcalde

Si hubiera pedido de inmediato tras su toma de posesión los datos a la Junta o/y los hubiera contrastado con el Gobierno autónomo, o/y examinado por los Servicios municipales los que por el Decreto debía enviarle la Consejería, se habría apuntado un tanto político. Al cabo de casi trece meses en el Poder, ese retraso en la exigencia de que se cumpla la normativa no puede proclamarse como un éxito del alcalde.

REACCIÓN DEL PSOE

El concejal socialista Francisco Javier Páez ha recordado que en la víspera de la reunión de este lunes 1 de julio (2024) el PSOE ya reclamó al gobierno local que controlara y que diera orden de cerrar los pisos turísticos que no respetaran la Modificación Puntual Nº 44 del Plan General, es decir los que a partir de entonces se hubieran inscrito en el Registro de la Junta de Andalucía sin estar situados ni en la planta baja ni en la primera.

Pero el PSOE tampoco puede sacar pecho, porque como vimos anteriormente el socialista Antonio Muñoz gobernó durante uno de los dos años que lleva vigente esa modificación del Plan General, tiempo en que se han inscrito 2.032 viviendas turísticas. ¿Se preocupó acaso de exigir en todo ese tiempo a la Junta de Andalucía que comprobara cuántas de las inscripciones realizadas cumplían los nuevos requisitos?

Francisco Javier Páez, edil del PSOE

El PSOE incurre en una contradicción cuando reconoce que no se puede aplicar con efectos retroactivos el decreto de la Junta que faculta a la limitación de viviendas turísticas al tiempo que proclama que con su propuesta de reducir la ratio al 2,5% en vez de al 10% propuesto por Sanz sobrarían 995.

Sólo sobrarían de momento esas 715 y por incumplimiento de la normativa del PGOU, no por la aplicación de ninguna ratio. Si hay inscritas hasta el momento 9.432, descalificando las 715 citadas tendrían plena validez 8.717. Y se sumarán las que se sigan inscribiendo cada día que pasa y que cumplan el PGOU mientras los grupos municipales no lleguen a un acuerdo sobre la ratio a aplicar.

Este 1 de julio de 2024 aparecen en el Registro de la Junta 8 nuevas viviendas turísticas, de las que dos están en el Casco Antiguo y una, en Nervión. Las otras cinco no se pueden ubicar conforme a los datos a los que he podido acceder. Suma y sigue, pues.

Descartada de momento la moratoria general, conforme al informe técnico-jurídico de la Gerencia de Urbanismo, lo único que queda ya es fijar una ratio de viviendas turísticas/viviendas familiares que permita frenar hasta el número máximo que se acuerde la expansión del fenómeno.

Susana Hornillo, portavoz de Con Podemos-IU, formación que pide la menor ratio de viviendas turísticas

Recordemos cuál sería el número de nuevas viviendas turísticas en toda Sevilla en función de la ratio que se acuerde:

-El 10% (la propuesta de Sanz): 26.374 más.

-Un 5%: 13.187.

-Un 2,5% (la propuesta del PSOE): 6.593.

-Un 2%: 5.275.

-Menos de un 1% (la propuesta de Con Podemos-IU): 2.373 (si ese menos fuera un 0,90%).

-Un 0,1%: 263.

¿Cuántas nuevas viviendas turísticas se inscribirán en los siete días que transcurran hasta la próxima ronda de contactos entre los grupos municipales?

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