PSOE y Con Podemos-IU volverán a pedir este lunes una moratoria y si legalmente no es posible, que la ratio se limite al 2,5% o al 1%

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla celebrarán este lunes, 1 de julio (2024), una nueva reunión para tratar de llegar a un acuerdo sobre limitación o moratoria en la autorización de viviendas turísticas en la ciudad, cuyo número sigue creciendo sin freno.

En los tres últimos días del mes de junio (2024) han aparecido inscritas en el Registro Oficial de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía quince viviendas turísticas más en Sevilla capital, aunque las cuentas de dicho Departamento muestran cierto desfase y contabilizan cinco menos (9.424, cuando deberían ser ya 9.429).

De las nuevas quince, nueve están en el distrito Casco Antiguo; cuatro, en Triana; una, en Cerro-Amate y otra es de imposible ubicación a la luz de los escasos datos existentes.

Por tanto, la proporción de esta pequeña muestra es similar a la que vimos en la de 519 inscripciones analizadas hace unos días para el Casco Antiguo: un 60% en el Casco Antiguo y una proporción mayor en Triana, que se eleva al 26,6%.

ALTERNATIVA SOCIALISTA

El PSOE ha difundido una nota de prensa en la que expresa su confianza en que el equipo de gobierno presente los informes jurídicos solicitados que indiquen «claramente» si, en el marco de las competencias del Ayuntamiento, es posible o no la suspensión total de nuevos registros de pisos turísticos y de licencias de obras y cambios de usos de viviendas residenciales a turísticas.

Si esos informes dicen que no es posible, el PSOE lleva al encuentro una alternativa «que supone, de facto, la misma estrategia: que no abra ni una sola vivienda turística más en la ciudad, frente a las 23.305 nuevas que podrían aún abrir según la propuesta inicial del equipo de Sanz desaprobada por la mayoría absoluta del Pleno municipal».

«O la propuesta de Sanz que supone la posibilidad de 23.305 pisos turísticos más en toda la ciudad, incluso en algunos barrios del Casco Antiguo y del conjunto histórico de Triana, a la vez que derivando el problema a barrios limítrofes a estos, como son Cruz Roja, Miraflores, Carretera de Carmona, Tardón, Santa Cecilia, San Gonzalo, La Florida o San Roque, por citar solo algunos, o cero vivienda turística más. En resumen, o 23.305 o 0», ha explicado el concejal socialista y miembro del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente por el PSOE municipal, Francisco Javier Páez.

Páez señala que «frente al 10% de límite de viviendas de uso turístico con respecto al total de viviendas residenciales disponibles por barrios, la propuesta del PSOE plantea reducir ese porcentaje al 2,5% y aplicarlo no sólo a nivel de barrio, sino a nivel de toda la ciudad».

El edil socialista Francisco Javier Páez

Con esa doble aplicación, «estaríamos ya ante un escenario no sólo de que ya no cabe ni un piso turístico más en la ciudad, sino que sobrarían 995». Para los socialistas, aunque legalmente «no cabe aplicar la norma con carácter retroactivo, sí en cambio se podría iniciar una amplia campaña de inspección, en especial en el Casco Antiguo y Triana, sobre todas aquellas viviendas turísticas que se registraron e iniciaron su actividad con posterioridad a la entrada en vigor de la restricción urbanística aprobada en el mandato municipal anterior y que equiparaba las exigencias urbanísticas de los pisos turísticos a las que tienen los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos».

En concreto, en 2022 se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que cambió la calificación de las viviendas con fines turísticos regulándolas, al igual que el resto de los alojamientos para turistas, como servicio terciario de hospedaje y no como de uso residencial como hasta ahora, ha recordado el grupo Socialista.

Esa iniciativa del anterior gobierno socialista se aprobó «en el marco de las entonces reducidas competencias que tenían los ayuntamientos andaluces para limitar las viviendas turísticas, competencia que recaía hasta febrero de 2024 única y exclusivamente en la Junta de Andalucía». Entonces, el Ayuntamiento de Sevilla «pudo regular tan solo en aquello en lo que podía entrar: las normas urbanísticas». Con ese cambio en el PGOU, los socialistas recogen que, entre otras cuestiones, se obligaba a que las viviendas turísticas estuvieran localizadas solo en las plantas bajas y primeras, a excepción de las situadas en edificios dedicados exclusivamente a hospedaje.

Por tanto, se podría iniciar una inspección generalizada sobre los pisos turísticos posteriores al cambio del PGOU y cerrar aquellos que no se ubiquen en plantas baja y primera», ha destacado Francisco Javier Páez. Así, no sólo no se permitiría ni una vivienda turística más, sino que también podría bajar la cifra controlando las exigencias urbanísticas que aprobó el Ayuntamiento de Sevilla, según el PSOE.

CON PODEMOS-IU

Por su parte, el grupo Con Podemos-IU llevará a la reunión un informe técnico que empieza calificando la situación habitacional en la ciudad como de «auténtica emergencia», ya que en los últimos 15 años el precio medio del alquiler en Sevilla ha subido en torno a un 15% (en torno al 30% en los barrios con mayor presión turística)

y se han perdido más de 20.000 habitantes.

Con Podemos-IU cita los datos del último informe elaborado por EMVISESA sobre el impacto de la vivienda turística en Sevilla, según el cual existe una correlación entre el incremento del número de viviendas de uso turístico (VUT) con el aumento de precio, tanto del alquiler como de los inmuebles residenciales en venta que son adquiridos mayormente por inversores para destinarlos a viviendas o establecimientos de apartamentos con fines turísticos.

En la fecha en que ha redactado el documento que lleva este lunes a la reunión, en Sevilla se están ofertando un total de 1.562 viviendas en alquiler (según el portal de Idealista) frente a 9.411 viviendas de uso turístico que están registradas (según el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía). Así pues, por cada vivienda disponible para alquiler residencial hay más de seis ofertadas para uso turístico, por lo que el grupo de izquierdas dice poder afirmar que «el mercado de las VUT está fagocitando la oferta de alquiler residencial en Sevilla».

Del análisis de la oferta de alojamientos Airbnb en Sevilla (que supone más del 80% del total de viviendas turísticas ofertadas) obtiene una imagen muy ilustrativa de
alta concentración de VUT en la ciudad, tal y como se muestra a continuación:

Según los indicadores que han sido analizados en el informe de EMVISESA, los
barrios donde el porcentaje de VUT supera el 10% respecto a las viviendas de uso
residencial presentan una mayor incidencia acumulativa de factores negativos
que inciden en el acceso de los ciudadanos a la vivienda y en la calidad de vida,
empeorando claramente las condiciones de vida en comparación con la situación
de otros barrios de la ciudad, lo que se traduce en pérdida de población residente
muy por encima de la media del resto de barrios sevillanos.

Susana Hornillo, portavoz de Con Podemos-IU

Por este motivo, se toma la referencia del 10% para delimitar las zonas donde no se podrán inscribir más VUT (zonas de decrecimiento), permitiendo en el resto de zonas aumentar el número de VUT hasta alcanzar ese 10% (zonas de crecimiento).

La portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, destaca que en este porcentaje no se incluyen los establecimientos de apartamentos turísticos (9.133 plazas en total) ni hoteleros (27.285 plazas en total), por lo que la presión del turismo sobre los barrios analizados en el informe de EMVISESA es aún mayor de la que indican los resultados.

PROPUESTAS

Tras este análisis, Con Podemos-IU lleva a la reunión en el Ayuntamiento las siguientes propuestas:

–Declaración de moratoria de alojamientos turísticos: Puede obtenerse de facto estableciendo un límite máximo inferior al 1% para todos los alojamientos turísticos, incluyendo establecimientos hoteleros, viviendas y apartamentos turísticos.

–Aumento proporcional del IBI como medida para compensar el incremento del
coste de los servicios públicos como resultado del turismo: Teniendo en cuenta que el mercado de las VUT está en manos mayoritariamente de grandes tenedores (según datos de Inside Airbnb, el 90% de los ofertantes de VUT poseen 10 viviendas o más en la ciudad de Sevilla), consideramos necesario aplicar de recargos del IBI para VUT, de carácter progresivo, en función del número de viviendas de la entidad propietaria. De este modo, a partir de la segunda VUT proponemos un incremento del IBI en 10 euros / m2/ año, con un aumento del 50 % a partir de la tercera.

–Desprivatización de VUT: Hay 14 barrios en Sevilla que rondan o superan el 10% de VUT, llegando a alcanzar el 32% en el Barrio de Santa Cruz (considerando los establecimientos de apartamentos turísticos este porcentaje aumenta hasta el 60%). Consideramos que hay que tomar medidas urgentes para favorecer el decrecimiento de las VUT en estos barrios, sobre todo si además están catalogadas como de alto esfuerzo familiar.

El Ayuntamiento debe impulsar un proceso de desprivatización de VUT a cambio de un justiprecio sobre sociedades propietarias de 10 o más inmuebles en zonas de alto esfuerzo familiar. De este modo, no sólo aliviamos la carga turística sobre los barrios tensionados por el turismo, sino que tenemos la oportunidad de incorporar los inmuebles obtenidos al parque público de EMVISESA y destinarlos al alquiler accesible para jóvenes de la ciudad para frenar la pérdida de población.

–Inspección: Con el objeto de combatir el mercado negro de alojamientos turísticos que contribuye en gran medida al estrés de la convivencia, se propone la creación de
un dispositivo municipal específico destinado a localizar y denunciar prácticas
ilegales de uso lucrativo de suelo catalogado como residencial.

Asimismo, Con Podemos-IU pide que si, como han manifestado desde la Gerencia de Urbanismo, existen impedimentos legales y/o técnicos que impidan declarar una moratoria de viviendas turísticas en la ciudad, se les entregue un informe técnico y jurídico que lo demuestre.

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